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Intervención de Josep Ma. Lahosa, activista de la vía preventiva desde Barcelona

Durante la jornada inicial de la conferencia tuvo lugar la primera sesión plenaria en la que se quiso poner el foco en los Treinta años de políticas locales sobre seguridad urbana. A continuación destacamos algunos conceptos expuestos por Josep Ma. Lahosa, miembro de la primera hora del EFUS, delegado general del Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana (FEPSU) y moderador de esta reunión de análisis y debate.

Lahosa comenzó por distinguir como la década de los ochenta del pasado siglo XX fue un momento inicial de un nuevo itinerario ideológico. Un momento donde se produce un cambio de paradigma en la percepción de los criterios sobre seguridad urbana y las prácticas tradicionales de su gestión. Algunos momentos son fundacionales, en Francia la creación de la comisión de alcaldes para la seguridad, presidida por Gilbert Bonnemaison, en el Reino Unido la creación de la Unit Prevention Crime, en los Países Bajos la puesta en funcionamiento una Dirección de prevención del crimen, etc. Al tiempo los alcaldes y alcaldesas reivindican un rol en la gestión de la seguridad, rol que a su vez les es exigido por la ciudadanía. Los gobiernos de algunos estados europeos asumen que el sistema penal aislado no es capaz de resolver las dinámicas que juegan a favor de la inseguridad y la actividad criminal.
 
En Barcelona el Alcalde, Pasqual Maragall constituye, a finales de 1983, la Comisión Técnica de Seguridad Urbana con el encargo de definir una nueva forma de abordar la seguridad en la ciudad. El Informe que presenta esta comisión durante 1984 lleva como título “Del Orden público a la seguridad ciudadana”, de hecho sintetiza los que está ocurriendo en el ámbito local europeo, los gobiernos locales y de proximidad asumen que, por encime de sus competencias formales, están las necesidades y expectativas de la ciudadanía.   
 
Diez años después, con la década de los noventa y la construcción normativa y cultural motivada por la ampliación y consolidación de la Unión europea, emerge con fuerza el término “subsidiaridad”, de hecho se transforma en el mantra de la época: Todo aquello que se pueda hacer próximo a la ciudadanía, pues que se lleve a cabo, es decir primero la administración de proximidad. Fue un espejismo, si bien las instituciones comunitarias, los municipios, los gobierno locales asumen que son las que están en mejor posición para dar respuesta a las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas, los Estados y la propia Comisión Europea juega con un discurso sobre la subsidiariedad vacuo que, si bien queda recogido en informes, reglas y documentos constituyentes, no se tiene en cuenta como un compromiso implicado y aplicado.
 
El mundo local asume como el medio urbano es el espacio principal de relación social, las autoridades comienzan a materializar su compromiso a partir de algunas decisiones precisas que se pueden sintetizar en estos criterios:
 
1.     Las ciudades constituyen el medio en el que se localizan las contradicciones y conflictos propios de la, muy vigente ya por aquellos años, era infoglobal.
 
2.     Los retos globales requieren de soluciones locales. Las ciudades son el medio y el nivel adecuado para dar respuestas eficientes.
 
3.      La (in)seguridad y/o la delincuencia, igual que la ciudad, son “constructos” sociales.
 
4.     La política de seguridad de las ciudades solo puede realizarse desde una perspectiva de inclusión social.
 
5.     Las ciudades son estructuras sociales y culturalmente poliédricas. Necesitan de respuestas múltiples, que sólo las autoridades de proximidad son capaces de activar.
 
Asumiendo estos criterios no es de extrañar que fuera la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales del Parlamento de Europa y más concretamente su Comisión de desarrollo urbano y urbanismo, una comisión en la que se hablaba de diseño urbano, de espacio público, de desarrollo social de los barrios, etc.; una comisión en la que no habían operadores del sistema penal; fue esa comisión quien convocó para 1986, una audición en Estrasburgo en la que nos encontramos algunas de las ciudades que unos meses más tarde constituimos, aquí, en Barcelona el Foro europeo para la seguridad urbana. De aquella pequeña reunión nació el movimiento que hoy nos reúne treinta años más tarde con nuevos retos a los que dar respuesta.
 
El mundo local sabe que a los Estados, a los gobiernos del estado nunca les ha gustado la implicación de lo local en la resolución de problemas vinculados a la seguridad, creen que la seguridad es su patrimonio, el problema es que no entienden que los y las ciudadanas comprenden y son capaces de discernir la diferencia entre seguridad del estado y seguridad de los y las ciudadanas, seguridad de lo cotidiano.
 
Hoy, bajo la justificación de la actividad terrorista, nos encontramos ante una recentralización por parte de los gobiernos de los estados, de las diferentes competencias, entre ellas las de seguridad.
 
El patrimonio municipalista internacional ha sido capaz de trabajar para dar respuesta a la frase que años más tarde popularizó Jorge Melghizo el que fuera Secretario de desarrollo en la ciudad colombiana de Medellín: “Lo contrario a la inseguridad no es la seguridad, es la convivencia”.
 
Puede que ahora tengamos que encontrar respuestas al reto que se nos plantea ante las relaciones del tipo: "armas igual a seguridad", "cámaras de vigilancia igual a seguridad", o  "espacios militarizados igual a seguridad". ¿Dónde queda la comunidad? ¿Dónde está la gente en el espacio público?

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